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Laura Carrera, CONAVIM, durante la Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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 Lic. Felipe de Jesús Zamora Castro, Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, en representación del Presidente Felipe Calderón Hinojosa;
Sra. Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero;
Mtra. Mónica Maccise Duayhe, coordinadora general del Programa de Equidad de Género del Poder Judicial de la Federación;
Mtra. Sara Irene Herrerías Guerra, Titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas;

Sean muy bienvenidas y bienvenidos quienes nos acompañan de organizaciones de la sociedad civil, del Poder Judicial de la Federación, funcionarios y funcionarias del sistema de justicia que trabajan diariamente en la construcción de una vida sin violencia para las mujeres mexicanas:

La discriminación y la desigualdad entre hombres y mujeres están en la base de toda violencia de género.

Uno de los mayores problemas que enfrenta México para atender, castigar y erradicar la violencia que viven las mujeres es la invisibilización de su importancia, desde la que ocurre en ámbitos domésticos, en el centro escolar, en las calles y las instituciones, hasta la que animan los medios de comunicación que promueven el uso del cuerpo femenino como mercancía desechable.

Cada vez que un funcionario rechaza documentar una denuncia; cada vez que se abandona el expediente inconcluso del asesinato de una mujer; cada vez que se esgrimen excusas sobre el comportamiento de la víctima para no sancionar un delito de género, se envía a todas las mujeres un contundente mensaje de desprecio a su derecho de vivir libres de violencia.

Inevitablemente, las violencias se retroalimentan, y aquí quiero ser enfática: la impunidad en la que quedan muchísimos delitos contra las mujeres no sólo les resta importancia, no sólo normaliza la violencia cotidiana contra ellas, sino que refuerza los patrones culturales de tolerancia a todo tipo de discriminación y violencia social.

El incremento de la violencia de género se fortalece en ambientes permisivos para que ocurra. Y aquí aludo a la responsabilidad de la sociedad.

Una sociedad indolente frente a las palizas que propina el vecino a su esposa; una colectividad pasiva ante la violencia que viven las mujeres que migran en busca de mejores oportunidades; una comunidad que mira para otro lado cuando sus jovencitas caen en las garras de tratantes de personas, colabora en la perpetuación de la violación a los derechos humanos en todos los órdenes.

Una sociedad así se está negando a sí misma el derecho a vivir sin violencia. Por ello, la insensibilidad ante la violencia en las familias, las comunidades y las instituciones es uno de los más formidables obstáculos para prevenirla, atenderla, castigarla y erradicarla.

Hoy estamos aquí para decir, otra vez, que mientras la violencia contra las mujeres se mantenga en la invisibilidad y la impunidad, México no podrá librarse de los conflictos violentos que afectan a las comunidades.

Desandar el camino que nos ha llevado a esta situación, implica tanto impulsar cambios en las leyes y las normas ─hasta completar una verdadera armonización en las legislaciones nacional y locales─, como provocar transformaciones en las conciencias.

Es decir: involucra también un profundo cambio cultural, una transformación en las que todas y todos tenemos una responsabilidad.

En las últimas décadas, los marcos legales en nuestro país han registrado notorios avances en la protección de los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, aún existen graves deficiencias en su acceso a la justicia, obstáculos que enfrentan casi siempre en ambientes inhóspitos, sobrecargados de estereotipos y prejuicios de género.

Crear condiciones de seguridad y garantizar a mujeres y niñas una vida libre de violencia, implica intervenir con políticas públicas que incidan en todos los niveles: en el individual y familiar, en el comunitario y social, en el institucional y legal.

La puesta en marcha de políticas públicas que erradiquen las múltiples violencias contra las mujeres demanda la unión de energías en una misma dirección, de la sociedad y sus organizaciones, de instituciones y gobiernos. La división de tareas no significa división de esfuerzos; antes bien, permite mejorar la acción de esas políticas.

Un ejemplo de la indispensable colaboración y coordinación interinstitucional, lo estamos desarrollando junto con Fevimtra y el Poder Judicial de la Federación en torno a la trata de personas, ese infamante delito que convierte en un infierno la vida de miles de mujeres y niñas.

Es una realidad que en la atención y sanción de la violencia de género aún tenemos normas jurídicas imprecisas, en donde la opacidad es un factor básico para que se cuelen prácticas discriminatorias. Lamentablemente, muchos de quienes atienden a las mujeres víctimas de delitos carecen, además, de una adecuada capacitación, lo que con frecuencia se traduce en revictimización.

A ello, se agrega la dificultad de obtener sentencias favorables para ellas, producto ─entre otras razones─, de la visión estereotipada que algunos impartidores de justicia tienen sobre estos delitos.

La altísima ausencia de sanciones ─tanto penales como sociales─ para los agresores, incrementa la sensación de impunidad que hoy vivimos. Por ello, es fundamental no sólo incidir con políticas transversales de prevención de violencia, sino ofrecer una atención integral a las víctimas, una atención oportuna, eficiente y de calidad.

Hoy, gracias al trabajo coordinado entre las instituciones y la sociedad, es posible conocer y atender casos como el de la esposa de un guardia de seguridad, quien la violentó de todos los modos posibles. Producto de una última golpiza propinada por sus cuñadas y rematada por su esposo, la víctima quedó parapléjica.

Como miles de mujeres, ella vivió el círculo de la violencia al extremo. En dos ocasiones se atrevió a denunciarlo, y en ambas una mala funcionaria rechazó atender su solicitud, diciéndole que era preferible que lo perdonara ─y cito palabras de la víctima─ porque “a lo mejor lo hacía más agresivo” y le iría peor. Así, se le impidió el acceso a la justicia y se le expuso a perder la vida.

Gracias a la solidaridad de personal femenino del hospital donde fue atendida, es decir: mujeres que supieron reconocer que allí se estaban cometiendo delitos gravísimos, a la víctima se le abrieron caminos de recuperación y acceso a la justicia.

Este ejemplo da una idea del reto que tenemos por delante para acortar la profunda brecha entre las leyes y su aplicación, entre los ordenamientos legales y la respuesta judicial que obtienen muchas mujeres cuando denuncian actos de violencia en su contra.

Porque sabemos que los delitos que no se castigan fortalecen la impunidad y acrecientan los niveles de violencia social, la Comisión que encabezo está impulsando nuevas estrategias con los gobiernos estatales para mejorar resultados en materia de acceso a la justicia para las de mujeres.

Una de ellas es la creación de Centros de Justicia que, en principio, comenzarán a operar en cuatro ciudades: Juárez, Campeche, Durango, y en La Montaña guerrerense, en Tlapa de Comonfort.

¿Por qué son necesarios los Centros de Justicia para las Mujeres? Porque no basta con animar a que las mujeres denuncien la violencia que viven: es indispensable allanarles el camino para que lo hagan.

Está bien decirles: “denuncien, no se queden calladas”. Sin embargo, poner el acento sólo en lo que ellas deben hacer, implícitamente las responsabiliza de su situación, lo que fortalece la idea de que el cese de la violencia depende sólo de su voluntad.

El gran esfuerzo personal que realiza una mujer decidida a vivir sin violencia, requiere de múltiples apoyos para acceder a la justicia.
Poner una denuncia es indispensable, pero el proceso debe ir acompañado de herramientas y recursos legales, de servicios sociales y psicológicos, de acceso expedito a un juzgado.

Además del gran desgaste emocional, la mujer destina recursos económicos y mucho tiempo en su búsqueda de justicia. En promedio, deberá invertir de 8 a 10 horas en cada una de las actividades que forzosamente debe realizar. Y los obstáculos se multiplican mientras más alejada se encuentre de centros urbanos.

Si se trata de violencia familiar y tiene hijos, deberá dejarlos al cuidado de otra persona para ir al Ministerio Público, al centro de salud, al DIF, a la instancia de mujeres que la apoyará. Para obtener la patria potestad de sus hijos, para solicitar órdenes de protección, e incluso el divorcio de su agresor, tendrá que desplazarse, a veces a grandes distancias.

En no pocas ocasiones, enfrentará la resistencia de muchos agentes del Ministerio Público prejuiciados para tomarle la denuncia. También, deberá superar el miedo de que, luego de la acusación, aumente la vulnerabilidad propia y de sus hijos ante la ira del agresor descubierto.

Si hablamos de violencia sexual, la mujer deberá acudir al médico legista. Dada su condición, tiene el derecho de recibir anticoncepción de emergencia, pero el médico no siempre se la provee. Para obtenerla, tendrá que acudir a un médico de la Secretaría de Salud, y luego regresar ante el Ministerio Público para interponer su denuncia.

En medio de este peregrinar, la víctima sigue atrapada por las obligaciones del empleo, si lo tiene, la atención de la casa y la familia, resolviendo la seguridad y la sobrevivencia posteriores a su denuncia.

El modelo de atención que actualmente impulsamos, se diferencia de otros en que cierra la pinza que dejan abierta las instituciones. Así, bajo un mismo techo y con personal especializado, que incluye a organizaciones de la sociedad civil, los Centros de Justicia ofrecen a las mujeres todos los servicios que hoy se encuentran disgregados.

En un espacio seguro y cálido, las mujeres encontrarán atención respetuosa y sensible. El acompañamiento legal, los servicios sociales y psicológicos así como el acceso a una autonomía financiera, les permitirán continuar su proceso. Quienes así lo requieran, accederán a Refugios para preservar su vida, y la de sus hijos e hijas.

Estoy convencida de que cerrarle el camino a la impunidad demanda de todas y de todos, un extraordinario esfuerzo.

La impunidad es la aliada más poderosa de todo agresor de mujeres y niñas.

Visibilizar la violencia de género, acotarla y castigarla; armonizar las leyes locales con los tratados y convenciones internacionales en la materia; así como crear Centros de Justicia para las Mujeres en cada ciudad del país, conforman los tres ejes de la política que la Secretaría de Gobernación desarrolla para garantizar el derecho de las mujeres víctimas de violencia a recibir justicia.

En nombre de la Comisión Nacional que encabezo, les doy a ustedes la más cordial bienvenida a este evento que fortalece la lucha de todas y todos por erradicar la violencia contra las mujeres en México.

Muchas gracias por su atención.